EL 'CUPO CATALáN' GENERARíA UN AGUJERO SUPERIOR A 14.000 MILLONES A LAS ARCAS DEL ESTADO
La implantación de un modelo de financiación singular para Cataluña similar al cupo vasco, tal como reclaman los partidos independentistas, generaría un agujero de 14.389 millones en las arcas del Estado, según un estudio elaborado por el think tank Civismo.
Esta cifra supera el gasto total en Defensa (13.161 millones de euros) y equivale al 23% del gasto público en Educación de acuerdo con la contabilidad pública de 2023.
La estimación de Civismo toma en cuenta la aportación actual de Cataluña al Fondo de Garantía de las comunidades autónomas, un instrumento que se nutre del 75% de los ingresos recaudados por IVA, IRPF e impuestos especiales en cada región. Esta contribución es de 18.356 millones de euros. Ahora bien, la instauración de un cupo en Cataluña implicaría detraer de esta cantidad el porcentaje del PIB que corresponde a la economía catalana (19%) --así se calcula de forma esencial el cupo en el País Vasco--. De resultas de esta diferencia surge la cifra de 14.389 millones de euros.
Los autores del estudio reconocen que en Euskadi hay una previsión según la cual siempre debe abonarse al Fondo de Garantía una cantidad fija con independencia del resultado fiscal. De todos modos, este método de cálculo, que no solo tiene en cuenta el peso de cada comunidad en el PIB, arrojaría un boquete no menor de 12.895 millones de euros.
La fundación traza más paralelismos para hacerse una idea de esta pérdida de recursos. Así, el déficit de recaudación por la aplicación de un sistema de singularidad catalana equivaldía a 45 veces la inversión realizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y aproximadamente a lo mismo que reciben del Fondo de Garantía las comunidades de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas.
Más perjuicios
Aún habría más perjuicios. De manera adicional, la implantación de este modelo afectaría a la redistribución de los Fondos de Compensación Interterritorial, provocando que comunidades actualmente beneficiarias por estar justo por debajo de la barrera del PIB, como Castilla y León y Cantabria, pasaran a convertirse en aportadoras al fondo.
La caída en la recaudación del Estado ascendería a 384 euros por ciudadano en el sistema de régimen común, un impacto notablemente significativo que afectaría a las comunidades que no forman parte del proyectado sistema de singularidad catalana.
Sin encaje legal
Al margen de sus efectos económicos, el laboratorio de ideas también valora el encaje constitucional del modelo defendido por el independentismo. A su juicio, este sistema carece de sustento legal, ya que no está contemplado ni en la Constitución ni en el ya reformado Estatut. Tampoco está recogido en el articulado de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
De igual manera, incumpliría varios de los principios fundamentales de la Constitución, como el principio de igualdad (artículo 14), el principio de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos (artículo 158) y el principio de solidaridad (también en el artículo 158).
"Estas cifras y consideraciones resaltan la importancia de mantener un sistema de financiación autonómica que promueva la equidad, la solidaridad y el equilibrio financiero en todo el territorio", concluye la fundación.
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